Un patrón de persecución
Nicmer Evans, de 50 años, ya había sido detenido en julio de 2020 por la Dgcim y el Cicpc bajo acusaciones de “instigación al odio”. Fue liberado semanas después como parte de un indulto que alcanzó a activistas, periodistas y exdiputados opositores. Desde entonces, ha sido objeto de seguimiento por parte de cuerpos de inteligencia.
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El régimen de Nicolás Maduro detuvo de manera irregular al politólogo y director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, en un operativo ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su esposa, Martha Cambero, denunció que la aprehensión ocurrió en su residencia en Caracas bajo el pretexto de una supuesta entrevista, sin orden judicial ni justificación legal.
Cambero relató que la detención se produjo a las 13:40, hora local, frente a varios familiares, y expresó su profunda preocupación por la integridad física de Evans, quien enfrenta un delicado estado de salud. “Responsabilizo directamente a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello por lo que pueda ocurrirle”, afirmó en un video difundido a través de redes sociales.
Familia denuncia desaparición y riesgo vital
La familia de Evans informó que desconoce su paradero y alertó que el comunicador requiere atención médica especializada debido a antecedentes de hipertensión y una intervención quirúrgica en vías digestivas y biliares realizada hace un año. La ausencia de información oficial sobre su condición y lugar de detención ha incrementado el temor por posibles complicaciones.
“Pedimos que cese la opresión por simplemente pensar distinto. Exigimos el respeto a la vida y a nuestros derechos”, expresó Cambero, visiblemente afectada, en su denuncia pública.
Advertencias previas y reacción de organizaciones de derechos humanos
Horas antes de ser detenido, Evans publicó un video en el que informaba sobre la llegada de una comisión del Sebin y anunciaba que acudiría voluntariamente al llamado. Aseguró que había recibido advertencias previas sobre la citación, aunque desconocía los motivos del procedimiento.
La detención generó reacciones inmediatas entre periodistas, activistas y organizaciones de derechos humanos. Provea solicitó formalmente al régimen venezolano revelar el paradero de Evans y explicar las razones de la captura, calificando el hecho como un ataque directo a la libertad de expresión.
Punto de Corte, el medio dirigido por Evans, exigió transparencia y garantías procesales, denunciando que la detención forma parte de un patrón sistemático de hostigamiento a voces críticas del régimen.
Un patrón de persecución
Nicmer Evans, de 50 años, ya había sido detenido en julio de 2020 por la Dgcim y el Cicpc bajo acusaciones de “instigación al odio”. Fue liberado semanas después como parte de un indulto que alcanzó a activistas, periodistas y exdiputados opositores. Desde entonces, ha sido objeto de seguimiento por parte de cuerpos de inteligencia.
La nueva detención ocurre en medio de un creciente clima de represión, marcado por operativos del Sebin conocidos como la “Operación Tun Tun”, usada para intimidar a disidentes en períodos de tensión política.
Diversos sectores consideran que este nuevo episodio constituye una grave violación al derecho a la libertad de prensa y un mensaje intimidatorio contra medios independientes.
